Un paso más en el camino hacia la justicia

TRABAJO FINAL

“Juicio y castigo” es el lema más resonante dentro del contexto de lo que es hoy en día la búsqueda más esperada y ansiada de justicia que se ha experimentado en la historia de nuestro país.  Muchas idas y venidas en la historia: juicio a las juntas, obediencia debida, punto final, indultos… Mientras los familiares de las 30000 personas desaparecidas en la última dictadura militar seguían  pugnando por una justicia efectiva, por un verdadero juicio, y por un castigo real a todos y cada uno de los responsables de aquellas atrocidades ocurridas entre 1976 y 1983.

En el año 2003 se reabren las causas y se impulsa el enjuiciamiento de los responsables, que ya estaban en su vejez, muchos en un precario estado de salud, y otros que durante todas las idas y vueltas, fallecieron. Es decir, comenzó, a lo largo de todo el país, nada más ni nada menos que el enjuiciamiento a los responsables  por crímenes de lesa humanidad encabezados por la Triple A y por el gobierno del “Proceso de Reorganización Nacional”. Estos juicios poseen una gran carga emocional y simbólica para los familiares de las víctimas, así como para aquellos que fueron secuestrados y torturados pero liberados vivos. Los primeros, pugnaron por justicia todos estos años,  como una forma de apaciguar su dolor por aquellos familiares y/o amigos que ya no vuelven; los segundos, muchas veces prefieren no recordar, pero colaboran como testigos o como querellantes, buscando justicia en nombre de aquellos que hoy no pueden hablar.

Dentro del marco de los juicios en la ciudad de Rosario, el que nos convoca en este informe es el juzgamiento de los delitos investigados en la causa conocida como “Feced”,  en referencia a Agustín Feced, quien poseía el cargo con mayor jerarquía de la lista de los imputados (fue jefe de la Policía de la Provincia de Santa Fe para la ciudad de Rosario, durante el Terrorismo de Estado). Luego del fallecimiento de éste, la causa es conocida como “Díaz Bessone”, y denominada formalmente, en el tribunal oral federal Nº2 como: “DIAZ BESSONE Ramón Genaro, LO FIEGO José Rubén, MARCOTE Mario Alfredo, VERGARA Ramón Rito, SCORTECHINI José Carlos Antonio y CHOMICKY Ricardo Miguel (ex Feced) S/ homicidio, violación y torturas” expediente Nº 120/08; en referencia a todos los imputados, a los que se acusa de privación ilegítima de la libertad, homicidios y tormentos en algunos casos, y asociación ilícita.

Los delitos que se investigan en esta causa son los ocurridos en el marco del Servicio de Informaciones (SI) de la ex Jefatura de Policía de Rosario, donde funcionó el centro clandestino de detención más grande de todos los que existieron en la provincia de Santa Fe. Según se informa en el espacio “diario de los juicios”, por ese lugar habrían pasado entre 1800 y 2000 detenidos/desaparecidos.

El juicio comenzó el 21 de Julio de 2010, fecha que fue calificada por victimas y sobrevivientes como un “Día histórico”. Los organismos defensores de los derechos humanos, y que acompañan fuertemente la búsqueda de justicia, organizaron durante el día diferentes actividades: por la mañana se realizó una radio abierta en la vereda de los tribunales; por la tarde el Espacio Juicio y Castigo organizó una bicicleteada por diferentes puntos de la ciudad donde habían sido secuestradas algunas víctimas; y más tarde se realizó un acto central frente al edificio de los tribunales.

A partir de esa fecha, comenzaron a transcurrir semana a semana las sesiones del juicio, que se preveía largo debido a la magnitud de la causa.

Dentro de las partes más importantes de este proceso judicial podemos destacar las siguientes. En sus primeras instancias se leyeron y escucharon los requerimientos de elevación a juicio (o acusaciones). Luego hacia comienzos del mes de septiembre se comenzó con las llamadas “cuestiones preliminares”,  aquellas en las que se debate entre abogados defensores y querellantes, las posibles nulidades y otras presentaciones que se deben resolver antes del comienzo de las indagatorias (declaraciones de los acusados) y las testimoniales (declaraciones de los testigos).

Consumadas aquellas cuestiones preliminares prosiguieron las declaraciones de los acusados: aquel de mayor jerarquía entre los acusados: Ramón Genaro Díaz Bessone, y Ricardo Chomicky que constituye un caso especial siendo víctima y victimario. El primero defendió cruel e impunemente el genocidio realizado en la dictadura, no tuvo filtros ni recatos para expresarse gritando frente a familiares, amigos de víctimas y/o desaparecidos, e incluso adelante de sobrevivientes del plan de exterminio ideado por éste represor; Ramón Genaro hoy se sienta en el banquillo para mantener su postura: cree que, a pesar de no haber sido oficializada en la Argentina, la “Doctrina de Seguridad Nacional” nada tiene de desdeñable; además argumenta que sus actividades no fueron clandestinas e ilegales sino que estuvieron respaldadas por decretos y directivas del gobierno constitucional de Isabel Perón. Por otro lado declaró Chomicky, quien ingresó al Servicio de Informaciones como víctima, y hoy está sentado entre los acusados porque se le atribuye el papel de colaborador de los represores.  Éste último negó haber realizado torturas y aseguró haber estado siempre en calidad de detenido.

Luego de las indagatorias, se dio paso a la declaración de una innumerable cantidad de testigos, que semana a semana se presentaban en los tribunales para dejar su ‘granito de arena’ en la búsqueda de justicia. Impactantes, tanto como reales, fueron los relatos de éstas personas que tratan de sacar de su más recóndito lugar de la memoria, aquellos recuerdos desastrosos,  tristes, nefastos… Aquellos recuerdos que cualquier memoria quisiera borrar. Las declaraciones consistieron primordialmente en describir detalladamente aquellas actividades despiadadas que se les realizaban desde el momento en que los secuestraban en la calle, o en sus casas, durante el tiempo de cautiverio, y hasta el momento en que los liberaban, o los trasladaban a cárceles comunes. Los puntos en común dentro de estas declaraciones son terroríficos: vendas en los ojos; manos atadas; golpes; patadas; desnudos, agua y picana eléctrica; hambre; pérdida de noción del tiempo; en fin: condiciones terribles de vida y todo tipo de torturas.

Posterior a una gran cantidad de declaraciones testimoniales, y ya llegando a mediados del año actual el Tribunal Oral Nº2 de Rosario comenzó con las audiencias de alegatos. Se escuchó, en este periodo, a la agrupación HIJOS, a la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, y a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Las penas solicitadas por estas querellas son (según el espacio ‘Diario del Juicio’) las siguientes:

Secretaría de Derechos Humanos de la Nación

Prisión perpetua para Díaz Bessone y para el ex policía José Rubén Lo Fiego.

25 años de prisión para los ex policías Mario Alfredo Marcote, Ramón Rito Vergara y José Carlos Scortechini; y no realizó acusación contra el imputado Ricardo Miguel Chomicky, ex detenido político apuntado por sobrevivientes como "colaboracionista".

Agrupación HIJOS

Prisión perpetua para Díaz Bessone y 25 años de prisión para el resto de los acusados. HIJOS tampoco acusó contra Chomicky.

Liga Argentina por los Derechos Humanos y Familiares de desaparecidos

Prisión perpetua para Díaz Bessone y José El Ciego Lofiego, y 25 años de prisión para el resto de los acusados.

Luego de éstas, se dio a conocer el alegato de la fiscalía que “pidió las condenas de prisión perpetua para el ex comandante Ramón Genaro Díaz Bessone, y para el ex oficial de policía José Rubén Lo Fiego. Por otra parte, solicitó al tribunal la pena de 25 años de prisión e inhibición absoluta para otros tres ex policías, y la absolución del sexto acusado en ese expediente, un civil señalado por su presunta complicidad con los represores de la última dictadura” (Diario del Juicio). Terminadas estas instancias, ya aproximándose a fines de noviembre del corriente año, se procede formalmente al comienzo de alegatos por parte de la defensa de los acusados.

En su tramo final, la “mega-causa Díaz Bessone”, está a poco de ser resuelta. Con su resolución se dará un paso más hacia adelante en el camino de la reconstrucción de la memoria; memoria de ciudadanos que formaron parte de una sociedad dominada por el miedo, regulada por el terror, una sociedad violenta en la que pensar u opinar estaba prohibido, y oponerse significaba abrir las puertas hacia un destino incierto, infernal, que estaba en manos de aquellos que sin alma, fueron capaces de tanto en pos de su objetivo infantil, ignorante y caprichoso de aniquilar al oponente. La sensación que dejó esa sociedad en las personas que respiraron los aires de “reorganización nacional”, es la que queremos eliminar de la memoria mediante la voz que nos lleve a la justicia, y la justicia que lleve al castigo.



Delfina Aste