TRABAJO FINAL
Un banquillo de acusados ocupado por seis hombres. Acusados por un pasado oscuro, violento, cruel, inhumano. Un pasado que lamentablemente no construyeron solos, sino con el respaldo de muchos más como ellos, que siguieron una política, un modelo, un objetivo.
Se trata de Ramón G. Díaz Bessone, José R. Lofiego, Mario A. Marcote, Ramón R. Vergara, José C. Scortechini y Ricardo M. Chomicky, quienes están siendo juzgados actualmente y desde el 21 de julio de 2010 en el Tribunal Oral Federal Nº 2 de la ciudad de Rosario. Este juicio forma parte de la 'mega causa Díaz Bessone' (ex Feced) y se trata en realidad de una elevación parcial a juicio oral, ya que sólo se juzgan parte de los ilícitos cometidos durante la última dictadura militar en Rosario, Santa Fe y zona de influencia.
‘Proceso de Reorganización Nacional’ es como autodenominaron los militares a la dictadura que iniciaron en Argentina el 24 de marzo de 1976 y en cuyo marco se desenvolvieron los seis acusados. Desde sus respectivos roles como militares, policías y civiles, ellos actuaron llevando a cabo torturas, violaciones y homicidios a cientos de personas consideradas subversivas, muchas de las cuales hoy se encuentran muertas o desaparecidas. La mayoría de ellas secuestradas porque ‘algo habrán hecho’, frase que “tuvo su peso, negativo, por supuesto, porque con eso se justificaba todo lo que pasaba”, según relata Sergio Schilmann, militante comunista, torturado durante el año ’79 en Rosario y hoy querellante de la causa Díaz Bessone Residual, quien agrega además: “Y sí, algo hacíamos, luchábamos por nuestros derechos”.
Una de las bases de influencia Estadounidense sobre la que se apoyó la última dictadura argentina fue la Doctrina de Seguridad Nacional, que rotulaba a los comunistas como los mayores enemigos y proponía combatirlos a través del uso de la fuerza si era necesario, entre otros puntos de la Doctrina. Otra de estas bases que respaldaron el proceso fue la aplicación de un modelo económico Neoliberal, impulsado por Martínez de Hoz desde el cargo de Ministro de Economía, que proponía un libre mercado capitalista con escasa o nula participación estatal en asuntos económicos. "
Así, bajo estas condiciones políticas y económicas se llevó a cabo en Argentina hace treinta y cinco años una política de Terrorismo de Estado que duró casi siete años. Según cuenta Aguirre, "la mayoría de la población carecía de derechos. Intentar ejercitarlos podía poner en riesgo la vida. (Y esto no es una metáfora)". Por esos días las torturas, apropiaciones de niños y los asesinatos se convirtieron en moneda corriente y se instauró el terror en la sociedad. En palabras de Sergio Schilman, por esos años “la impunidad era una gimnasia, despuntar el vicio”. Los términos “chupados” y “desaparecidos” pasaron a estar en boca de todos, al referirse a la enorme cantidad de personas víctimas de la desaparición forzada en manos militares, muchas de las cuales jamás “aparecieron”.
La ciudad de Rosario no escapó a esta realidad, sino todo lo contrario. Allí se llevaron a cabo detenciones, interrogatorios con torturas y desapariciones de personas, principalmente en el Servicio de Informaciones, donde funcionaba por ese entonces la Jefatura de Policía de la Unidad Regional II de la policía de Santa Fe, siendo éste uno de los mayores centros clandestinos de detención del país. Ese edificio fue el mayor escenario en el que se desenvolvieron los represores hoy juzgados.
Díaz Bessone, desde su cargo como Comandante del II Cuerpo de Ejército y Jefe de la Zona Militar Nº 2 bajo la presidencia de Jorge R. Videla, es actualmente el militar más implicado en la causa, ya que fue responsable de los centros clandestinos de detención organizados en Formosa, Santa Fe, Entre Ríos, Chaco, Corrientes y Misiones. Desde Rosario, el ‘teórico del proceso’, ideólogo y organizador de la zona, como se lo denominaba, enviaba las órdenes necesarias para que se ejecuten todas las acciones que se desarrollaron violando los derechos humanos; y hoy, en esta elevación parcial de la causa, se lo acusa por 11 asesinatos y 51 privaciones ilegítimas de la libertad.
Este represor, el 12 de octubre del ’76 fue reemplazado en su cargo por Galtieri, para pasar a asumir en el ’77 como Ministro de Planeamiento, en la Bolsa de Comercio de Rosario. Según las declaraciones aportadas a la actual causa, el periodista Carlos Del Frade afirmó que según sus investigaciones, Díaz Bessone enunció al asumir su nuevo cargo que “hicieron el golpe entre otras cosas para defender al capital y la empresa privada”. Con estas declaraciones puede apreciarse claramente la ideología económica neoliberal que caracterizó el período.
Para sostener este modelo económico, el gobierno militar contó con el apoyo de las grandes empresas, que actuaron como “delincuentes de guantes blancos” según Del Frade y que a su criterio deberían ser juzgados también, por estar detrás de quienes no son más que “títeres siniestros", integrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.
Por su parte, Agustín Feced, por entonces jefe de la Policía de la Provincia de Santa Fe, "era famoso por su crueldad y por haber ocupado cargo similar en un anterior gobierno", según cuenta Aguirre. Era quien estaba al frente de la patota que integraban, entre otros, ‘el ciego’ Lofiego, ‘el cura’ Marcote, ‘el pelado’ Vergara y Scortecchini alias ‘Archie’, todos ellos policías y acusados respectivamente por 1 homicidio, 40 aplicaciones de tormentos y 63 PIL (Privaciones Ilegítimas de la Libertad); 19 tormentos y 27 PIL; 4 aplicaciones de tormentos y 16 PIL; 4 aplicaciones de tormentos y 8 PIL, en la actual causa Díaz Bessone.
Un caso especial en esta causa es el del acusado ‘el cady’ Chomicky, quien fue detenido por militares en el SI, víctima de torturas y acabó convirtiéndose en torturador, por lo que, a pesar de las controversias que esto generó, fue acusado por 5 aplicaciones de tormentos y 19 PIL, teniendo la doble condición de víctima y acusado. Lo controversial giró en torno a que se trató de un civil que ingresó al SI como detenido, por ser militante de la UES (Unión de Estudiantes Secundarios) y de la Juventud Peronista y luego participó de la represión, motivo éste último por el que un importante número de víctimas y querellantes lo consideran culpable de sus actos y por ende exigen una condena. Por su parte la agrupación H.I.J.O.S. y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación no lo consideran culpable alegando que “quien entra víctima a un centro clandestino, sale en la misma condición".
Todos estos represores fueron denunciados y acusados por quienes tantos años atrás habían acusado y torturado ellos en su ‘lucha contra la subversión’. Los acusan hoy porque en aquel tiempo los reconocieron, porque los ojos se los vendaban, por supuesto, pero los militares olvidaron que hasta el ’76 formaban todos parte de una sociedad democrática, en la que todos podían conocerse y por lo tanto reconocerse aún con los ojos tapados. Vendas que se corrieron de su lugar, voces conocidas, hicieron que sus víctimas reconozcan a sus represores.
Así lo cuenta Shilmann, dado que reconoció a dos de los represores acusados en la actual causa, relatando que estando secuestrado logró ver a Lofiego al corrérsele la venda y lo describe como un “personaje desagradablemente caricaturesco”. Además lo vio luego dado que fue quien lo trasladó en determinado momento al juzgado, y lo hizo junto a ‘el cura’ Marcote, de quien dijo que “con un crucifijo en el cuello,se hacía pasar por un tipo más espiritual o compasivo” y cuenta que incluso le dijo: “No seas boludo, no te hagas castigar así, prestá colaboración y no te va a pasar nada”. Por su parte, Seminara, dirigente estudiantil antes de ser secuestrado durante la dictadura, y actual querellante en la causa Díaz Bessone, declaró que reconoció a Lofiego porque lo vio cara a cara y éste le dijo “Mirame la cara porque no te la vas a olvidar nunca” y a Scotechini a quien lo reconoció por la voz, ya que lo conocía desde antes, por haber sido compañeros en un club y además tener conocimiento previamente de que estaba trabajando en la policía.
Un país celebrando el Mundial del ’78. Una economía neoliberal aparentemente pujante. Un orden y reorganización de la sociedad bajo los lineamientos militares. Esa era la cara visible que los militares deseaban mostrar de la Argentina al mundo. Puertas adentro, una política de Terrorismo de Estado, que incluyó desde sectores de la Iglesia hasta medios de comunicación manipulados, “todos cómplices" en palabras de Del Frade, y que si no fueron cómplices acabaron siendo reprimidos. Un objetivo de “disciplinar a la sociedad para que no haya reclamos”, pero a través de la violencia, del terror. Calles tomadas. Militantes ‘chupados’. Muertes, desapariciones, violaciones. 30.000 desaparecidos. Esto pasó también en Rosario y en las manos de estos represores y de unos cuantos “títeres siniestros" más, algunos menos títeres que otros. En manos de quienes según Aguirre "eran la expresión local de la política represiva montada a nivel nacional", de estas seis personas acusadas, que por fin, después de tanto tiempo, están prontas a pagar por lo que hicieron y no podrán hacer nunca más.
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